ANULACIÓN DE UNA SANCIÓN DISCIPLINARIA A UN FUNCIONARIO POR VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA
El Tribunal Central de Instancia, Sección de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid, ha estimado íntegramente el recurso interpuesto por nuestro despacho en defensa de un funcionario de la Agencia Tributaria, anulando la resolución que le imponía una sanción disciplinaria de suspensión de funciones durante un año por la supuesta comisión de una falta muy grave.
Lo decisivo para la estimación de la demanda ha residido en que la Administración modificó sustancialmente el pliego de cargos una vez que el funcionario expedientado alegó la prescripción de la infracción disciplinaria grave inicialmente imputada, emitiendo un nuevo pliego de cargos en el que imputaba una infracción muy grave que no habría prescrito.
En un primer momento, la AEAT calificó los hechos como constitutivos de una falta grave prevista en la Disposición Adicional Octava de la Ley 13/1996. Sin embargo, tras las alegaciones presentadas por la defensa del funcionario, en las que se ponía de manifiesto que dicha infracción había prescrito, la Administración acordó una ampliación del pliego de cargos para recalificar los mismos hechos como una falta muy grave tipificada en el artículo 95.2.e) del Estatuto Básico del Empleado Público y en el artículo 95.3 de la Ley General Tributaria.
La sentencia considera acreditado que esta ampliación se produjo sin que existieran hechos nuevos que la justificaran y, además, fuera del plazo legalmente previsto. El órgano judicial destaca expresamente que la modificación del pliego de cargos tuvo lugar después de que el expedientado invocara la prescripción y concluye que dicha actuación se realizó para neutralizar ese motivo de defensa.
En concreto, la Magistrada afirma que la ampliación del pliego de cargos se llevó a cabo “no solo extemporáneamente sino también para hacer frente a la prescripción esgrimida”, añadiendo que se produjo “sin datos/hechos nuevos” y con la finalidad de cambiar la calificación jurídica para imputar una infracción muy grave.
Por ello, el Tribunal entiende que esta actuación causó indefensión al funcionario y vulneró sus derechos procedimentales, declarando la nulidad de la ampliación del pliego de cargos y, como consecuencia, la anulación de la sanción impuesta. En consecuencia, estima íntegramente el recurso contencioso-administrativo, deja sin efecto la suspensión de funciones y condena en costas a la Administración demandada.
Esta resolución constituye un relevante pronunciamiento sobre los límites de la potestad disciplinaria de la Administración, al declarar que no es posible modificar extemporáneamente la imputación de una infracción, sin hechos nuevos y tras alegarse su prescripción, con el único objetivo de evitar los efectos jurídicos derivados de ésta.